Un juez misionero le cobró los gastos operativos de la GN a narcos detenidos

El Gobierno logró el primer éxito en su campaña para que los narcos y los delincuentes dedicados al crimen organizado se hagan cargo de los gastos que las fuerzas de seguridad tienen para llevar adelante las investigaciones judiciales en su contra. Tras una presentación de la Gendarmería, el juez federal de Eldorado, Misiones, Miguel Ángel Guerrero, dispuso el embargo preventivo de los bienes de cuatro acusados hasta cubrir, en cada caso, 600.000 pesos, el equivalente al costo de los procedimientos.

Hace dos semanas, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que había instruido a las cuatro fuerzas a su cargo para que informaran a las autoridades judiciales los “gastos incurridos en las tareas encomendadas en cada causa a los efectos de que sean contemplados en el momento de la determinación de las costas del proceso”.

Oportunamente, la ministra Patricia Bullrich y el director nacional de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales, Diego Nazareno, sostuvieron que esa posibilidad figura en el Código Procesal Penal de la Nación, pero nunca se ejecutó.

En ese procedimiento, realizado en los primeros días de diciembre pasado, hubo 15 detenidos. Pero la investigación continuó y a través de escuchas telefónicas la Gendarmería descubrió un eventual plan de fuga de cuatro sospechosos que estaban presos en Eldorado.

En consecuencia, el 2 de enero pasado el juez Guerrero ordenó el traslado “muy urgente, bajo estrictas medidas de seguridad”, de los imputados Jorge y Antonio Guarié, Jorge Velázquez y Jorge Galeano a Buenos Aires [por cuestiones legales no se revela a qué unidad penitenciaria fueron enviados].

Según la investigación en curso, existía “un riesgo de fuga de un modo violento, mediante el empleo de armas de fuego, usufructuando un eventual traslado de Jorge Guarié para su atención médica en un centro de salud o mediante el empleo de sicarios”.

Entonces, para evitar y frustrar ese presunto plan criminal, el juez Guerrero ordenó el urgente trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El magistrado solicitó, además, que los internos no fuesen alojados en unidades cercanas a ciudades fronterizas.

El operativo estuvo a cargo de un grupo especial de gendarmes que, primero, trasladaron a los sospechosos en helicóptero desde Eldorado hasta Posadas. En la capital de Misiones los cuatro acusados fueron subidos a un avión que partió a Buenos Aires. Los 6675 dólares de gastos que presentó la Gendarmería corresponden al combustible utilizado en los vuelos.

“Las erogaciones surgidas con motivo del operativo ascenderían a 485.352 pesos y 6675 dólares, monto resultante de una estimación que podrá ser ampliada o reducida posteriormente conforme las constancias administrativas que se presenten en el momento de la rendición, solicitando, en concordancia a lo determinado en los artículos 531 y 533 del Código Procesal Penal, que se trabe embargo o inhibición general de bienes a los imputados a fin de cubrir las costas enunciadas”.

El artículo 531 del Código de Procedimientos vigente establece que “las costas estarán a cargo de la parte vencida, pero el tribunal podrá eximirla, total o parcialmente, cuando hubiera tenido una razón plausible para litigar”.

En el artículo 533, en tanto, se explica que las costas son el pago de la tasa de justicia; los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos, y demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. El último punto es, precisamente, el que decidió hacer valer el Ministerio de Seguridad nacional a través de la resolución 2018-49 del mes pasado.

“Estamos muy satisfechos con la medida adoptada por el juez Guerrero. Es un primer paso. Cuando el dinero sea recuperado debe volver al presupuesto de las fuerzas de seguridad para engrosar las partidas de prevención”, afirmó Nazareno.

En su resolución, Guerrero tuvo en cuenta la resolución 2018-49. “La finalidad del embargo es evitar la disposición de ciertos bienes del imputado hasta el arribo de una sentencia definitiva”, explicó el magistrado en su fallo.

Esto significa que el cobro de la factura por parte de las fuerzas de seguridad no se podrá hacer hasta que haya una sentencia condenatoria y no apelable.

El Ministerio de Seguridad de la Nación entregó a las fuerzas federales una “planilla base” con los ítems que intentarán cobrarles a los narcos, falsificadores de billetes y lavadores de activos, entre otros.

Entre los puntos por cobrar figuran los narcotests orientativos, las custodias de vehículos, de personas y de domicilios, las tareas de investigación, las intervenciones telefónicas y los peritajes contables e informáticos.

“Que el delincuente pague penalmente con una condena y también pague de su bolsillo”, había reclamado la ministra Bullrich al presentar aquella resolución.

La Nación

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